Porque creemos que Argentina debe ser definitivamente un país laico en el que todas las confesiones tengan un trato de igualdad nos sumamos a esta idea. El proyecto de la oficialista Senadora Bortolozzi propone modificar el inciso 3º de la primera parte del art. 33 del Código Civil, que consagra a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, destinándosele de este modo fondos a una institución que NO se rige por el Derecho Público y poniendo en desventaja a otros cultos, considerados personas jurídicas privadas.
Hace cuatro años que Bortolozzi insiste con la presentación de su proyecto de ley que tiene como objetivo principal que el Estado deje de financiar a la Iglesia y que esta institución pierda status público en la sociedad. Cabe destacar que esta misma iniciativa ha sido representada en tres oportunidades. La última vez fue hace pocos días, en el año del Bicentenario.
“La Iglesia Católica y las demás entidades religiosas reconocidas, las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar”, establece el proyecto de ley de Bortolozzi.
Sin asignación mensual. Otro proyecto de ley de Bortolozzi busca que se deroguen los decretos leyes 21.950, 21.540 y 22.430 firmados por el dictador Jorge Rafael Videla, los cuales establecían una “asignación mensual para los obispos”.
En este sentido, la senadora formoseña fundamentó que “no se pretende con la abrogación de asignaciones a la jerarquía eclesiástica, en funciones y en retiro y de jubilaciones sin aportes compatibles con otros ingresos, incumplir el mandato constitucional del artículo 2º, de sostenimiento del culto católico, apostólico, romano. Por el contrario, se trata de no condicionar a las autoridades eclesiásticas argentinas en el destino de la suma que les otorga anualmente el presupuesto”.
Y agregó: “Creo procedente abrogar las normas del proceso militar que no favorecen a la Iglesia ni al Estado. La Iglesia asignará los recursos de esta manera, con mayor independencia y elasticidad. Quizás un sacerdote que ejerza en Las Lomitas, en Formosa, por ejemplo, deba recibir una mayor asignación, que empleará con fines sociales, que un príncipe de la Iglesia en importantes oficinas”.
Porque pensamos que nuestro país debe ser laico y todos debemos tener igualdades jurídicas, independientemente del culto que profesemos, apoyamos absolutamente este proyecto de ley.
Hace cuatro años que Bortolozzi insiste con la presentación de su proyecto de ley que tiene como objetivo principal que el Estado deje de financiar a la Iglesia y que esta institución pierda status público en la sociedad. Cabe destacar que esta misma iniciativa ha sido representada en tres oportunidades. La última vez fue hace pocos días, en el año del Bicentenario.
“La Iglesia Católica y las demás entidades religiosas reconocidas, las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar”, establece el proyecto de ley de Bortolozzi.
Sin asignación mensual. Otro proyecto de ley de Bortolozzi busca que se deroguen los decretos leyes 21.950, 21.540 y 22.430 firmados por el dictador Jorge Rafael Videla, los cuales establecían una “asignación mensual para los obispos”.
En este sentido, la senadora formoseña fundamentó que “no se pretende con la abrogación de asignaciones a la jerarquía eclesiástica, en funciones y en retiro y de jubilaciones sin aportes compatibles con otros ingresos, incumplir el mandato constitucional del artículo 2º, de sostenimiento del culto católico, apostólico, romano. Por el contrario, se trata de no condicionar a las autoridades eclesiásticas argentinas en el destino de la suma que les otorga anualmente el presupuesto”.
Y agregó: “Creo procedente abrogar las normas del proceso militar que no favorecen a la Iglesia ni al Estado. La Iglesia asignará los recursos de esta manera, con mayor independencia y elasticidad. Quizás un sacerdote que ejerza en Las Lomitas, en Formosa, por ejemplo, deba recibir una mayor asignación, que empleará con fines sociales, que un príncipe de la Iglesia en importantes oficinas”.
Porque pensamos que nuestro país debe ser laico y todos debemos tener igualdades jurídicas, independientemente del culto que profesemos, apoyamos absolutamente este proyecto de ley.
